Para unos atentan contra el derecho a la intimidad y para otros son una garantía de seguridad que solo deben preocupar a los que incumplan las normas. Las cámaras de videovigilancia siempre han creado el mismo debate, pero lo cierto es que su uso se está incrementando de forma espectacular.
Y es que, según han informado fuentes de la Agencia Española de Protección de Datos, hasta el pasado 1 mayo la provincia de Valencia tenía registrados 8.392 ficheros de espacios controlados por cámaras, frente a los 6.588 que había un año antes y los 5.137 de hace dos años.
Esto supone que ha habido un incremento del 63,3% en dos años. La cifra de ficheros corresponde al número de entidades que tienen autorizadas la instalación de cámaras, ya que cada fichero puede contener una cámara o decenas de ellas.
El incremento de estos dispositivos viene sobre todo de particulares. En este sentido, las comunidades de vecinos y los comercios son los que más están recurriendo a las cámaras de seguridad para disuadir a posibles maleantes.
Los interesados deben cumplir unos requisitos legales. Por ejemplo, siempre que haya cámaras debe estar debidamente señalizado. Además, no pueden obtener imágenes de espacios públicos, salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo. Las imágenes se deben eliminar en el plazo máximo de un mes desde su captación.
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